Escribe | Catalina Villalobos Díaz

Hay discusiones políticas que exponen con claridad cuáles son los límites éticos que una sociedad está dispuesta a mover en nombre del control y la seguridad. En Chile, la indicación presentada por el Ejecutivo al proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas —impulsada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al Servicio Nacional de Migraciones— propone que instituciones de salud y educación entreguen información de contacto de personas migrantes sujetas a procedimientos migratorios. La medida parece empujar precisamente uno de esos límites: el lugar que ocupan los derechos de la infancia en una democracia.

La iniciativa ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos y de protección de la niñez, debido al impacto que podría tener sobre niños, niñas y adolescentes migrantes, quienes dependen de escuelas, jardines infantiles, hospitales y consultorios para acceder a derechos fundamentales garantizados por tratados internacionales ratificados por Chile. Entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el principio de no discriminación y la protección especial que el Estado debe asegurar a la infancia, sin distinción por la situación migratoria de sus padres.

El debate no se agota en su dimensión normativa, pues las consecuencias se expresan en la vida cotidiana. Cuando el acceso a salud o educación se percibe como un punto de exposición ante autoridades migratorias, muchas familias modifican su relación con las instituciones públicas. Diversos estudios en contextos comparados han mostrado que políticas de control migratorio en espacios sociales tienden a reducir la asistencia a controles de salud, la matrícula escolar y la continuidad de atenciones, profundizando situaciones de vulnerabilidad ya existentes.

En la infancia, estos efectos adquieren una gravedad particular. Un niño o niña que deja de asistir a clases pierde continuidad educativa, pero también vínculos, estabilidad y redes de protección. Una familia que posterga controles médicos puede enfrentar diagnósticos tardíos, interrupción de tratamientos, deterioro de la salud mental y mayores niveles de aislamiento. Estas consecuencias se acumulan en silencio y tienen efectos duraderos en las trayectorias de vida.

En Chile viven actualmente más de 300 mil niños, niñas y adolescentes migrantes, según estimaciones de UNICEF. Muchos enfrentan condiciones marcadas por precariedad habitacional, procesos de regularización prolongados y barreras de integración. En ese contexto, la incorporación de lógicas de vigilancia en espacios destinados al cuidado tiende a profundizar vulnerabilidades ya presentes.

También resulta especialmente delicado el desplazamiento de funciones de control migratorio hacia trabajadores cuya labor se sostiene en la confianza. Profesores, médicos, enfermeras y asistentes sociales desarrollan su trabajo cotidiano con base en vínculos de cuidado, escucha y resguardo. Cuando estos espacios incorporan tareas asociadas a la fiscalización migratoria, se tensiona el vínculo entre las personas y las instituciones, afectando su capacidad de acogida.

Un consultorio pierde parte de su carácter protector cuando entregar información personal puede tener consecuencias migratorias. Una escuela ve afectada su función formativa cuando el acto de matricular o asistir puede ser percibido como un riesgo para las familias. La confianza institucional, una vez erosionada, es difícil de reconstruir y tiene efectos que se extienden más allá de la población migrante.

La regulación migratoria constituye una función legítima del Estado. Sin embargo, el modo en que se implementa define el alcance de sus consecuencias sociales. Las democracias también se miden por su capacidad de compatibilizar el orden institucional con la protección efectiva de derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de la infancia.

Los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes existen precisamente para resguardar a quienes tienen menor capacidad de protección frente a decisiones políticas tomadas por adultos. Su sentido se vuelve más evidente en contextos donde el miedo comienza a estructurar el debate público y ciertos grupos pasan a ser tratados bajo sospecha.

En ese escenario, la infancia deja de ser comprendida como un ámbito de protección universal y comienza a quedar sujeta a criterios de control administrativo. El alcance de esta transformación excede a las familias migrantes: afecta la forma en que una sociedad entiende la igualdad de derechos y el rol de sus instituciones públicas.

Cuando el cuidado se desplaza hacia el control, se erosiona la idea de derechos que deben sostenerse sin condiciones. Porque una democracia también se expresa en aquello que decide no convertir en herramienta de vigilancia: la escuela, el consultorio y los espacios donde la infancia debería poder existir sin miedo.